La Casa Rosada eliminó por decreto la paritaria nacional docente

El gobierno de Mauricio Macri eliminó ayer por decreto la paritaria nacional docente, que establece un sueldo piso en todo el país, y en la misma jugada le esmeriló poder al gremio de mayor representación, Ctera, al eliminar la participación proporcional en la mesa de negociación.

La marcada de cancha a los maestros fue materializada a través del decreto 52/2018 (publicado ayer en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Macri y los ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Educación, Alejandro Finocchiaro), que modifica el inciso C del artículo 10 de la ley de financiamiento educativo (Nº26.075), que antes contemplaba la discusión de un convenio marco con pautas generales, entre otras cosas, para definir el salario mínimo.


Además, el DNU altera la proporción de la representación entre las organizaciones gremiales en las mesas de negociaciones, en desmedro de Ctera, la confederación mayoritaria en el ámbito educativo, que ostentaba 5 de los 9 delegados y que es liderada por la rosarina Sonia Alesso y el titular de Suteba, Roberto Baradel.

Hasta ahora Ctera (con más de 420.000 afiliados en todo el país) llevaba cinco representantes y los otros cuatro gremios un representante cada uno. Como las decisiones se tomaban por votación, Ctera siempre terminaba decidiendo, afirman en el gobierno.

“El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama”, enfatizó Alesso, que adelantó que Ctera denunciaría al gobierno ante la OIT (ver página 11).

Como contrapartida a la eliminación de la paritaria nacional docente, el decreto establece que el salario mínimo docente “no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil”, acuerdo con el que el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich cerró la discusión en febrero de 2016 y no volvió a convocar a los docentes a la paritaria nacional. Esto último le valió, además de numerosas marchas y paros nacionales, una denuncia contra la OIT por incumplimiento de la normativa laboral.

Técnicamente, el decreto de ayer introduce modificaciones a otro anterior, del 2007, que, con la firma del entonces presidente Kirchner, fijó las pautas para la negociación a nivel nacional entre los gremios docentes y el gobierno al reglamentar el artículo 10 de la ley 26.075.

“Deviene necesaria la actualización del ámbito de discusión del convenio marco, garantizando la equidad en la representación de todas las voces con el fin de mejorar las condiciones generales de los docentes del sistema educativo nacional, adecuando la normativa vigente y estableciendo nuevos criterios de relación”, indicó en sus considerandos el DNU.

Con este argumento, el artículo 1 del decreto establece que “la representación de los trabajadores docentes del sector público de gestión estatal en el convenio marco, será ejercida por un miembro de cada asociación sindical” del orden nacional, con cual iguala la presencia de los gremios, que, hasta ahora, era proporcional a su cantidad de afiliados a nivel nacional.

En el ámbito de discusión del denominado “convenio marco” de las negociaciones docentes Ctera tenía una presencia mayoritaria frente a los demás gremios: la Unión Docentes Argentinos, Sadop, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica y la Confederación de Educadores Argentinos.

Con el decreto publicado ayer el gobierno también separó los ámbitos de discusión de ese “convenio marco” para la educación pública de gestión estatal y para la educación de gestión privada.

En tanto, el artículo 4 de la norma deja en claro que el ámbito de discusión entre el gobierno nacional y los gremios docentes a nivel nacional se dedicará a cuestiones laborales, del calendario educativo y de la carrera docentes. De hecho, al enumerar los temas que serán abordados en ese espacio deja afuera el salarial, e incluye las condiciones de ingreso a la carrera docente, promoción y capacitación y calificaciones del personal; el régimen de vacantes; los trámites de reincorporaciones; las jornadas de trabajo; los derechos sociales y previsionales; las políticas de formación docente y capacitación; y la representación y actuación sindical.

Fuentes oficiales explicaron que lo que hace la norma es institucionalizar “el acuerdo alcanzado en el 2016, que fijó piso para la discusión salarial docente en cada una de las provincias en el equivalente a un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil”.

Con esta medida la Casa Rosada busca eliminar uno de los puntos de mayor conflictividad en la discusión entre los gremios y el gobierno nacional que se dio el año pasado, que pasó justamente por el reclamo de la realización de una discusión paritaria a nivel nacional, lo que llevó a la Ctera a convocar distintas medidas de fuerza y a poner en marcha una carpa itinerante que arrancó frente al Congreso y luego recorrió todas las provincias para visibilizar ese reclamo.

Además, refuerza su plan para descentralizar la paritaria docente nacional en las provincias y debilitar el poder de los gremios educativos, en particular el de Ctera.

 

La Capital


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