Las cifras presupuestarias evidencian una sostenida reducción en cada uno de los rubros que integran el programa de protección.
El trabajo, realizado por los especialistas de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescencia de dicha institución, sobre “Inversión Social en Acogimiento Institucional y Familiar”, subraya que “no se pudo establecer cuántas niñas, niños y adolescentes están bajo el sistema de protección oficial del Estado santafesino”, pese a los pedidos de información específicos.
El informe que los Defensores del Pueblo a/c, Gabriel Savino y Jorge Henn, responsables de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, refiere a lo invertido efectivamente por la provincia entre 2020 y 2022 para acoger, contener y asegurarle subsistencia adecuada para paliar y/o subsanar sus frágiles cotidianeidades de abandono y desamparo. Las cifras presupuestarias evidencian una sostenida reducción en cada uno de los rubros que integran el programa de protección.
La actividad se llevará a cabo a las 10.00 en la sala Feruglio de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Santa Fe, San Jerónimo 2721 y la presidirán Henn y Savino acompañaros de los equipos técnicos que elaboraron el relevamiento.
El informe fue realizado en base a los datos sobre la Inversión social que el Estado santafesino realizó en el período 2020-2022 en el acogimiento alternativo familiar e institucional conveniado de niñas, niños y adolescentes.
Para la Defensoría, en tanto organismo de control del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, es primordial el análisis de la cantidad y calidad de la Inversión Social destinada a niñas, niños y adolescentes. Teniendo en cuenta que para que los derechos sean realizables, debe haber correspondencia entre las políticas públicas y las asignaciones que las solventan. En este sentido, el presupuesto público es el documento donde se establecen las prioridades de gobierno.
Es por ello que resulta imprescindible construir información sobre el nivel de recursos que los gobiernos están dispuestos a asignar en su presupuesto, identificar brechas de cumplimiento en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y proponer medidas en consecuencia.
