En los últimos días de diciembre de 2025 se realizó la audiencia preliminar en una de las causas que involucran a Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de la provincia durante el gobierno de Omar Perotti, acusado de intentar beneficiar de manera irregular a una empresa proveedora en una compra de armas para la Policía.
Por esta causa, la Fiscalía imputó a Saín y a otras tres personas por negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación al Estado. En el caso del ex funcionario, se solicitó una pena de cinco años de prisión. La audiencia pasó a cuarto intermedio y continuará en 2026.
Pero esta no es la única ni la más delicada causa que enfrenta Saín. También avanza el proceso judicial por presunto espionaje ilegal, iniciado en 2022 y pedido a juicio por la Fiscalía de Delitos Complejos. Según la acusación, durante su gestión se habrían confeccionado cientos de perfiles de dirigentes políticos, periodistas, empresarios y sindicalistas, sin orden judicial y en violación a la Ley Nacional de Inteligencia.
En esa causa están involucrados varios ex funcionarios del Ministerio de Seguridad de la gestión de Omar Perotti y del Organismo de Investigaciones, y se investigan delitos como abuso de autoridad, asociación ilícita y uso irregular de fondos públicos.
Las querellas, entre ellas la del actual gobernador Maximiliano Pullaro, la Fiscalía de Estado y particulares afectados, solicitaron penas de hasta 10 años de prisión y la elevación a juicio oral.
La Justicia provincial ya resolvió que las causas continúen en el ámbito santafesino, rechazando el intento de la defensa de trasladarlas a la Justicia Federal.
Se trata de uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años en Santa Fe, que pone bajo análisis el uso del poder estatal durante la gestión del PJ en el área de Seguridad.
