El proyecto impulsado por Patricia Bullrich obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra. Establece penas de hasta 15 años para delitos graves y prevé partidas por más de $23.700 millones para su implementación.
La Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La iniciativa fue respaldada por 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.
El oficialismo logró el acompañamiento del PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz, que votaron junto con los libertarios.
En tanto, el peronismo se mantuvo unido para rechazar el proyecto en la votación en general, incluso con el respaldo de los diputados de Elijo Catamarca, alineados con el gobernador Raúl Jalil. Sin embargo, al tratarse los artículos en particular, los diputados del Frente Renovador se diferenciaron y avalaron la baja de la edad de punibilidad, argumentando que buscaron “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 ya proponía fijar el límite en los 14 años.
Penas, alternativas y condiciones de detención
El nuevo régimen establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Para delitos con condenas menores a 10 años, se contemplan penas alternativas como:
- Amonestación
- Prohibición de acercamiento a la víctima
- Servicios comunitarios
- Monitoreo electrónico
- Reparación integral del daño
- Prohibición de concurrir a determinados lugares
- Prohibición de conducir vehículos
Además, el proyecto pone el foco en la creación de institutos especiales para menores condenados, donde se garantice el derecho a la educación, atención médica y tratamiento por adicciones. Se establece que todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia y se prohíbe de manera terminante cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad.
En ese sentido, minutos antes de la votación, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la redacción fue ajustada para que “no se preste a confusión” la prohibición total de que los menores sean alojados junto a presos adultos.
Víctimas y financiamiento
La iniciativa también habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos de infracciones leves, con intervención obligatoria de las partes y consentimiento expreso de la víctima.
Uno de los puntos destacados es el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza que puedan ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.
En la última versión del texto, el Gobierno incorporó un artículo sobre el financiamiento del nuevo régimen, con una partida total de $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 serán destinados al Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 a la Defensoría General de la Nación. El agregado respondió a reclamos de gobernadores que habían advertido que no acompañarían la iniciativa si los costos recaían exclusivamente en las provincias.
Durante el debate, el diputado Miguel Ángel Pichetto sostuvo: “La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”.
Con la media sanción en Diputados, el proyecto ahora deberá ser tratado en el Senado para su aprobación definitiva.
