La investigación por el trágico tiroteo ocurrido en una escuela de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, continúa avanzando y suma elementos clave que refuerzan una de las principales hipótesis: el ataque no fue impulsivo, sino que habría sido planificado con antelación por el autor, un adolescente de 15 años.
En las últimas horas, los fiscales que intervienen en la causa, Matías Edery Schiappa Pietra y Hemilce Vottero, brindaron precisiones sobre el estado del expediente y confirmaron que existen indicios firmes de una preparación previa del hecho. “Este es un evento que había tenido una cierta planificación”, sostuvo Schiappa Pietra, quien además remarcó que dicha organización previa estuvo “atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales”.
Este punto se transformó en el eje central de la investigación. Según explicaron los funcionarios judiciales, ya cuentan con información relevante sobre comunicaciones previas al ataque, aunque el análisis presenta dificultades debido a que se trata de comunidades cerradas en plataformas digitales, donde los usuarios suelen ocultar su identidad.
En ese sentido, no se descarta la posible participación de terceros. Sin embargo, la fiscal Vottero fue prudente al respecto: “No tenemos información concreta para transmitir respecto de ese punto, pero son elementos que estamos considerando”.
El hecho, que conmocionó a toda la comunidad educativa y a la provincia, dejó como saldo la muerte de un alumno y varios heridos, generando además un fuerte debate sobre la violencia juvenil y el rol de las redes sociales en este tipo de episodios.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la situación judicial del agresor. Al tener 15 años, la legislación vigente —la Ley 22.278— impide que sea sometido a un proceso penal con pretensión punitiva. Si bien existe una nueva normativa nacional que modificaría ese criterio, su entrada en vigencia está prevista recién para el próximo 5 de septiembre, por lo que no aplica en este caso.
Actualmente, las medidas dispuestas sobre el menor fueron definidas en conjunto entre la fiscalía y organismos de Niñez del Poder Ejecutivo provincial. No obstante, su contenido específico se mantiene bajo estricta reserva judicial.
Mientras tanto, la causa sigue en etapa investigativa, con el foco puesto en reconstruir el entorno digital y social del atacante para determinar si actuó solo o si hubo algún tipo de instigación o acompañamiento en la planificación del hecho.
