Se iniciaron acciones para exigir el pago a adultos responsables. Ya hay menores identificados en distintos casos. Cada despliegue implica cifras millonarias.
El Gobierno provincial puso en marcha un mecanismo para recuperar el dinero utilizado en intervenciones de seguridad ante intimidaciones registradas en establecimientos educativos. La medida fue dispuesta a través de una directiva firmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, que instruye a avanzar con reclamos administrativos y judiciales.
Las investigaciones realizadas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación permitieron identificar a varios autores, todos menores de edad. A partir de ello, se activa un procedimiento que apunta a exigir el resarcimiento económico a sus padres o tutores.
Según datos oficiales, entre el 16 y el 21 de abril se contabilizaron 158 intervenciones de este tipo. Cada operativo tiene un costo base estimado de entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo de los recursos utilizados.
El proceso incluye la elaboración de expedientes individuales, la cuantificación de los gastos y la posterior intimación de pago. En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con demandas que pueden incluir intereses y costas adicionales.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estas situaciones no deben considerarse bromas, ya que implican un uso intensivo de recursos que podrían destinarse a otras tareas de prevención. Además, recordaron que estas conductas están contempladas en el Código Penal y pueden derivar en consecuencias tanto judiciales como económicas.
