La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante este jueves tres allanamientos en las localidades de Casilda, Arteaga y San José de la Esquina, en el marco de una investigación por amenazas e intimidación pública en establecimientos educativos.
Como resultado de los procedimientos, fueron identificados tres menores de edad, uno de los cuales —de 16 años— fue trasladado a sede policial para su correcta identificación y notificación de la causa por amenazas anónimas.
La investigación se inició a partir de pintadas con mensajes intimidatorios detectadas en la Escuela N° 202 “Manuel Leiva” de Casilda, similares a las que se registraron en los últimos días en distintos puntos de la provincia. A través de entrevistas y tareas investigativas, se logró establecer la posible autoría de un alumno de 16 años, identificado como N.Á., quien además habría instigado a otros estudiantes a replicar estas acciones.
En paralelo, se detectaron hechos similares en la Escuela N° 206 de Arteaga y en la Escuela N° 542 de San José de la Esquina, donde también aparecieron mensajes amenazantes. En estos casos, los presuntos responsables serían menores de 12 y 11 años.
Durante los allanamientos, en Casilda se secuestró un teléfono celular; en Arteaga se incautaron un celular, una computadora y dos revólveres a cebita; mientras que en San José de la Esquina se secuestró otro dispositivo móvil.
Las medidas fueron dispuestas por la jueza penal Fabiola Piemonte a pedido de la fiscal Rocío Cosgaya, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda.
Intimaciones para cubrir los costos de los operativos
En paralelo, la investigación continúa para determinar el alcance de los hechos en toda la provincia. En ese marco, el Gobierno de Santa Fe, junto al MPA, informó que se enviaron 39 intimaciones para cubrir los gastos de los operativos policiales, que ascienden a unos 200 millones de pesos en la región centro-norte.
Además, el Ministerio de Justicia y Seguridad inició acciones patrimoniales y administrativas para recuperar esos costos, de manera independiente al avance de la causa judicial. Según se informó, el MPA ya logró identificar a 73 presuntos autores vinculados a estos hechos.
