Tensión política Una diputada solicitó la detención de Manuel Adorni por presunta presión a un testigo

Una legisladora pidió una medida judicial contra un funcionario nacional. La acusación apunta a una supuesta interferencia en una causa. El planteo fue presentado ante el juez interviniente.


La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el marco de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. El planteo se basa en la supuesta presión ejercida sobre un testigo clave antes de su declaración judicial.

Según explicó la legisladora, el pedido se sustenta en la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, uno de los criterios habilitantes para dictar una detención preventiva. La presentación fue realizada ante el juez Ariel Lijo, invocando la doctrina conocida como “Irurzun”, que contempla el riesgo de interferencia en causas por parte de personas con poder.


En ese sentido, Pagano acusó al funcionario de haber contactado al arquitecto Matías Tabar, quien habría intervenido en refacciones vinculadas a la investigación, con el objetivo de influir en su testimonio. También sostuvo que se habrían eliminado mensajes de WhatsApp relacionados con ese intercambio.

La diputada afirmó que tomó conocimiento de estos hechos a partir de versiones sobre la declaración del testigo ante el fiscal Gerardo Pollicita, ya que, como denunciante, no tiene acceso directo al expediente. A su vez, consideró que se trata de una maniobra concreta para afectar el curso de la causa.


Además, remarcó que la situación se agrava por el rol institucional del funcionario, al entender que su posición le otorgaría mayor capacidad de influir sobre testigos y organismos. En el escrito, también se planteó que su conducta podría encuadrarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por otra parte, advirtió que aún restan testigos por declarar, lo que incrementaría el riesgo de nuevas interferencias. En ese contexto, propuso medidas alternativas como la prohibición de contacto, la retención del pasaporte y la fijación de una caución económica, además de la preservación de comunicaciones y el peritaje de dispositivos para recuperar mensajes eliminados.

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