Los animales permanecen alojados en el Vivero Municipal de Recreo en condiciones no óptimas y la fiscalía accedió al traslado comprometiéndose a entregarlos a familias que se harán cargo del cuidado.
Se realizó una reunión entre la fiscal de Maltrato Animal, María Gabriela Arri junto con proteccionistas, en la que se acordó el traslado de siete perros que se encuentran retenidos en el marco de una causa penal, a hogares de guarda, en pos mejorar su atención y calidad de vida. Del encuentro participaron la presidenta de la Asociación Protectora de Animales, Lorena Arber y la abogada Natalia Pallavicino, por el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados.
“La decisión por la cual Tacuara, Umma, Tronco, Malevo, Dorotea, Mia y Jackson definitivamente dejen el vivero municipal de la ciudad de Recreo, está cada vez más próxima”, anunciaron las proteccionistas, bajo el lema “Se van del vivero” en un comunicado en redes sociales, explicando el acuerdo alcanzado en fiscalía. Además, dejaron en claro que como no son parte en la causa, se trata de un pedido “extra judicial” y que ello no menoscaba el derecho de los propietarios a seguir reclamando por otra vía.
Los nombres que mencionan, hacen referencia a los siete perros que desde diciembre del año se encuentran alojados en un canil en el Vivero Municipal de nuestra ciudad, sin condiciones óptimas. La jauría fue incautada por decisión judicial, luego de que atacaran a vecinos, en la misma zona donde a mediados del año pasado hallaron el cuerpo de Diego Román y donde a lo largo de 2019 se produjeron al menos cuatro ataques, dos de los cuales sus víctimas decidieron accionar penalmente contra los dueños de los animales.
“Es de público conocimiento que las condiciones en las cuales se encuentran alojados los siete perros son inadecuadas e insostenibles”, indica el comunicado. Y si bien las proteccionistas reconocen “la gravedad de la situación”, decidieron presentar a la fiscal Arri, “una propuesta para que puedan ser trasladados a hogares de familias responsables en carácter de guardadores judiciales; esto significa, que dichas familias brindarán un lugar de residencia apropiado, atención veterinaria y cuidados de manera temporal hasta el momento en que se disponga el destino final de los mismos mediante una resolución judicial”.
La propuesta tuvo buena recepción en la fiscalía, que la semana pasada ordenó inspeccionar cada uno de los domicilios sugeridos por la Protectora, a los fines de que se garantice un sitio de alojamiento seguro y sin riesgos para terceros. De hecho, una de las condiciones para la guarda era que en los domicilios no hubiera niños.
A propósito de la conversación instalada entre la asociación civil y el Ministerio Público de la Acusación, indicaron que “esta reunión nos muestra el convencimiento de la fiscalía que los animales deben egresar de allí porque las condiciones son inapropiadas, tal es así, que esta propuesta, que formalizamos por escrito, es el resultado de un dialogo iniciado hace ya un tiempo con la misma fiscal Arri”.
También aclararon que por el momento, “no es posible que sean restituidos a su familia”, hasta tanto no se resuelva la situación legal que involucra a sus titulares. No obstante, desde la institución procuraron “proponer personas de cercanía, para que los animales no pierdan el contacto afectivo que tanto necesitan”, finalizaron.
