Este martes el Tribunal de Segunda Instancia integrado por los jueces Alejandro Tizón (presidente), Roberto Prieu Mantarás y Fabio Mudry confirmó la condena a prisión resuelta en primera instancia para Darío Céspedes, el docente del jardín San Roque, enjuiciado a mediados de 2022 por abuso sexual infantil. Además, redujo la pena impuesta de 11 a 9 años de prisión.
El tribunal de alzada, conformado por los camaristas Alejandro Tizón, Fabio Mudry y Roberto Prieu Mántaras, confirmó parcialmente el fallo dictado en primera instancia por los jueces Gustavo Urdiales, Rosana Carrara y Pablo Ruiz Staiger. En concreto, la única modificación realizada a dicha sentencia fue la revocación de la agravante «por ser cometido por el encargado de la educación» aplicada a los delitos por los que se condenó a Céspedes, lo que motivó la reducción de la pena.
Cabe resaltar, que el docente permanecerá tras las rejas condenado como autor de «abuso sexual con acceso carnal» y «promoción a la corrupción de menores» en perjuicio de un alumno de 5 años, hechos acontecidos en el jardín San Roque durante 2018. En cuanto al segundo hecho por el que fuera acusado -haber abusado nuevamente del niño en 2019, cuando éste acudía a la escuela primaria de la misma institución-, la Alzada confirmó su absolución bajo el principio «in dubio pro reo» -por el beneficio de la duda-.
Apelado el fallo por la defensa, a cargo de Ignacio Alfonso Garrone y Sebastián Oroño, los camaristas resolvieron finalmente confirmar la pena tras entender que se ajustaba a derecho, pero disminuyó el monto de la pena a nueve años de prisión efectiva y dejó calificado el caso como un “abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores”.
El docente fue juzgado bajo la medida cautelar de prisión preventiva e imputado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado de la educación, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada. En su momento, la hipótesis de los fiscales Broggi y Del Río Ayala, los abusos se concretaron entre marzo y noviembre de 2018, y entre marzo y el 26 de julio de 2019. Para ambos funcionarios, los hechos de 2018 ocurrieron cuando la víctima fue alumno del docente en el jardín de infantes; mientras que los restantes un año después, cuando el niño concurría a la escuela primaria que pertenece al mismo complejo educativo.
