Con 63 votos afirmativos, el Senado rechazó este jueves el veto total del Poder Ejecutivo y dejó firme la Ley de Emergencia en Discapacidad. Se trata de un hecho histórico: hacía 22 años que el Congreso no desestimaba una decisión presidencial.
El Congreso de la Nación volvió a votar con más de dos tercios de los votos la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que dejó sin efecto el veto del presidente Javier Milei y obliga al Gobierno a promulgar la norma, en línea con lo que establece el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La votación arrojó 63 votos afirmativos y apenas 7 rechazos, seis de ellos de senadores de La Libertad Avanza —Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni— junto con la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. La oficialista Vilma Bedia se ausentó.
El resultado refleja el amplio consenso que tuvo la iniciativa desde su origen: en las cuatro instancias parlamentarias que atravesó, siempre superó los dos tercios de los votos. La ley fue impulsada por organizaciones del colectivo de personas con discapacidad, que denunciaron prestaciones desactualizadas y la baja de miles de pensiones en el inicio de la gestión libertaria.
Un contexto político marcado por el escándalo
La sesión estuvo presidida por Bartolomé Abdala —presidente provisional del Senado—, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó a cargo del Poder Ejecutivo por un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos.
El debate se dio en un clima atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a raíz de una presunta red de corrupción en contrataciones. La polémica provocó la salida de su titular, Diego Spagnuolo, y salpicó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del jefe de Estado.
Qué prevé la ley
La emergencia en discapacidad regirá en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026 e incorpora una serie de medidas clave:
- Financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad.
- Fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, con beneficios impositivos y planes de refinanciación de deudas.
- Actualización de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Garantía de financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
- Asignación estímulo actualizada en relación con el salario mínimo, vital y móvil.
- Apertura de nuevos cupos en el Régimen Federal de Empleo Protegido para personas con discapacidad.
- Participación institucionalizada de organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.
- Facultad al Ejecutivo para otorgar una pensión inembargable a mayores de 70 años o personas con CUD sin recursos propios.
Además, se incorpora un artículo que equipara los valores de aranceles para todas las instituciones obligadas por la Ley 24.901, y se faculta al jefe de Gabinete a realizar ampliaciones presupuestarias para asegurar el financiamiento de estas medidas, con la salvedad de no recortar fondos de Servicios Sociales.
Con la ratificación de la norma y el rechazo al veto, el Congreso fijó un precedente histórico y envió un mensaje político claro en medio de la creciente tensión entre el Parlamento y el Ejecutivo.
