La Justicia Federal avanzó hacia el juicio oral contra dos cabos de la Gendarmería Nacional acusados de disparar contra un motociclista en un episodio de presunto “gatillo fácil” ocurrido en marzo de 2024 en inmediaciones de San Justo, sobre la Ruta Nacional 11.
El fiscal federal Gustavo Onel dio por concluida la investigación y solicitó la elevación a juicio de la causa contra Walter Mejía Ruiz, oriundo de Jujuy, y Reinaldo Martínez, de Salta. Ambos están procesados como autores de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, y violación de los deberes de funcionario público.
El hecho
De acuerdo con la investigación, el 23 de marzo de 2024, un grupo de jóvenes se encontraba reunido en un campo de la zona rural de San Justo. Pasada la medianoche, salieron en motocicletas por caminos de tierra hasta acceder a la ruta. Al advertir un control de las fuerzas de seguridad, decidieron regresar al campo.
En ese momento, una camioneta de la Gendarmería interceptó a los motociclistas y, según el relato de la víctima, los agentes les pidieron sus datos y que retiraran los vehículos. Cuando el joven comenzó a alejarse en su moto, recibió al menos tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en su brazo derecho, provocándole una lesión permanente.
“Sentí tres disparos mientras me iba. Mi brazo se puso pesado, sangraba y lo único que pensé fue en llegar a mi casa. Mi hermano me llevó al hospital”, declaró el motociclista.
El testimonio fue corroborado por registros fílmicos incorporados a la causa y por testigos presenciales. Uno de ellos relató: “Sebastián se sube a su moto y arranca, los gendarmes lo corren, uno le tira con una linterna, y enseguida se escuchan los tiros”. Los peritos hallaron en la zona tres vainas calibre 9 mm, compatibles con las armas reglamentarias de los acusados.
El análisis judicial
Al solicitar el juicio, el fiscal Onel subrayó que el uso de la fuerza por parte del personal de seguridad debe regirse por los principios de proporcionalidad, legalidad, progresividad, último recurso y protección de la vida, estándares que —sostuvo— no fueron respetados en este caso.
Además, recordó que los disparos contra vehículos en movimiento están prohibidos salvo que exista un riesgo inminente y grave para la vida de terceros o del personal policial, lo cual tampoco se verificó en la escena.
“En consecuencia, el accionar de los inculpados no solo carece de justificación, sino que colisiona con el orden jurídico aplicable”, concluyó el fiscal al reclamar la elevación a juicio de los dos cabos.
