La Provincia de Santa Fe ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hacía a la Caja de Jubilaciones de los empleados estatales de Santa Fe.
El gobernador Maximiliano Pullaro cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que interrumpió estos pagos de manera “inconsulta e intempestiva”. Además, la demanda exige una medida cautelar para restablecer las transferencias, en cumplimiento de acuerdos históricos entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones.
Durante la década de 1990, la Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias a cambio de hacerse cargo de las cajas de jubilaciones provinciales. Sin embargo, algunas provincias, como Santa Fe, no transfirieron sus cajas y, aun así, se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Se establecieron acuerdos para que la Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los reiterados incumplimientos de la Nación con Santa Fe han llevado a una deuda global estimada en $700.000 millones con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Esta cifra incluye pagos no percibidos desde 2020, calculados sobre estimaciones desactualizadas.
El decreto 280/2024, en su artículo 18, anuló los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023, que garantizaban transferencias mensuales automáticas a las provincias que no habían transferido sus regímenes previsionales. Este cambio ha generado una deuda de casi $70.000 millones entre enero y junio de 2024:
- Enero: $8.711.439.249
- Febrero: $8.711.439.249
- Marzo: $11.079.208.437
- Abril: $12.464.109.491
- Mayo: $13.847.625.645
- Junio: $15.070.370.989
Consecuencias Financieras
La interrupción de estas transferencias ha obligado al Tesoro Provincial a redirigir fondos destinados a áreas críticas como Salud, Seguridad y Educación. Según el recurso presentado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe cuenta con 100.356 beneficiarios, incluidos 76.425 jubilados y 23.931 pensionados. La falta de fondos por medio año, sumada al aumento mensual de las necesidades financieras de la caja, ha creado una situación insostenible.
La demanda presentada ante la Corte Suprema destaca la urgencia de una medida cautelar que permita cubrir las necesidades previsionales, evitando el incumplimiento de los haberes de jubilados. El recurso enfatiza que se trata de cumplir con obligaciones básicas y no de financiar gastos innecesarios, en un contexto de emergencia financiera en la provincia.
