Luego de que los fiscales Laura Urquiza y Leandro Lazzarini, anticiparon que apelarán la resolución que liberó a cinco gitanos acusados de integrar una banda que cometía estafas telefónicas por medio del cuento del tío, el juez que resolvió dicha resolución, Jorge Pegassano, dio a conocer sus fundamentos que lo llevaron a revocar la prisión preventiva que los imputados cumplían desde junio de este año cuando fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigaciones en Suipacha y Belgrano.
Los argumentos del magistrado de primera instancia fueron dados a conocer este mediodía mediante un comunicado oficial -difundido por la Oficina de Prensa de la Corte Suprema- donde indicó que uno de los fundamentos para otorgar la excarcelación fue que la pena en expectativa para este tipo de casos sería de “ejecución condicional”.
El juez aclaró además que la causa no cuenta con riesgos procesales debido a que “el jefe se encuentra en prisión” y “porque toda la evidencia ya está reunida”. “Era este -por el jefe- precisamente quien impartía las instrucciones que supuestamente los demás imputados cumplían según lo explicado por los fiscales en audiencia, de modo que se puede afirmar que las evidencias más importantes de la investigación ya han sido reunidas y no existe posibilidad que la soltura de los imputados entorpezca ahora la investigación”, destacó Pegassano. “No existen motivos serios y fundados para continuar privándolos de su libertad”, agregó.
“Los jueces debemos tener una mayor flexibilidad en la adecuación de la sanción a las distintas clases de delitos y a la situación personal de los imputados, tratando de evitar los efectos desocializadores de la cárcel para quienes la padecen y reducir la privación completa de la libertad a casos muy específicos”, acotó el magistrado.
Por último, se refirió a la identidad de los imputados los cuales no lograron ser completamente reconocidos por los investigadores. “La primera medida que deben tomar es precisamente la identificación de las personas que traen a proceso, sobre todo las que quedan privadas de su libertad en este caso, de modo que alegar el desconocimiento de la identidad de los imputados no condice con los postulados de la ley citada“, cuestionó el juez a los fiscales.
Los cinco gitanos quedaron en libertad el pasado miércoles 31 de julio luego de una audiencia de revisión de la medida cautelar que tuvo lugar en la Sala II del subsuelo de tribunales. El fallo del juez hizo lugar al pedido de la defensa de los acusados, a cargo de Raúl Berizzo, quien solicitó la excarcelación a cambio de que sus defendido fijen domicilio en el estudio jurídico y además abonen una fianza de $1.200.000.
La resolución causó un malestar generalizado no solo en los fiscales Urquiza y Lazzarini sino también en la Fiscalía General. Tal es así, que ese mismo día, en horas de la tarde, la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación difundió un comunicado donde aclaró que recurrirá el fallo de Pegassano a la Cámara de Apelaciones de Santa Fe para revertir la situación.
Con criticas al juez Pegassano, el comunicado indicó que “la decisión del juez generó sorpresa no sólo entre quienes investigamos los hechos, sino también en la Fiscalía Regional, que nos solicitó un informe acerca de las circunstancias de esta audiencia”.
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