Más de 2500 mujeres fueron víctimas de femicidios en todo el país desde la aparición del movimiento «Ni Una Menos», hace ocho años, según un informe especial elaborado por la organización feminista «La Casa del Encuentro» dado a conocer hoy.
El relevamiento, que aglutina sus datos desde el 3 de junio del 2015, puntualiza en el caso de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en mayo de ese año en la ciudad santafesina de Rufino y cuyo femicidio dio origen a las marchas del primer «3J», al contabilizar los 121 crímenes por motivos de género contra adolescentes de entre 13 y 17 años que tuvieron lugar desde aquel entonces.
También durante esta jornada, la organización MuMaLá-Mujeres de la Matria Latinoamericana dio a conocer sus cifras de femicidios cometidos durante los últimos ocho años, en el que indicó que hubo 2209 asesinatos contra mujeres.
La diferencia en los números de las dos organizaciones, que elaboran sus propias estadísticas con el fin de visibilizar los hechos de violencia de género basándose fundamentalmente en publicaciones periodísticas, radica en que tienen distintos protocolos a la hora de obtener la información y también a los distintos criterios que utilizan a la hora de considerar un asesinato como «femicidio».
Según el balance de La Casa del Encuentro, entre junio del 2015 y mayo del 2023 se registró un total de 2554 femicidios, entre ellos 214 vinculados y 58 transfemcidios, los cuales ocasionaron que 2691 hijas e hijos -en su gran mayoría niños y adolescentes- se quedaran sin su madre. El informe de la organización civil señala que el 61% de las víctimas (1558 casos) fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y principalmente en sus propias casas.
A su vez, desde el observatorio indicaron que los distritos con mayores valores absolutos de femicidios fueron la provincia de Buenos Aires (808 casos), Santa Fe (266), Córdoba (199) y Salta (122).
El relevamiento también asegura que el 26% de las mujeres asesinadas (664 casos) fueron baleadas y que el 21% (536) murieron a causa de heridas de arma blanca, mientras que el 11% (281) presentaban indicios de abuso sexual.
La estadística añade que el 15% de las víctimas (383 casos) había realizado una denuncia previa contra su agresor, a la vez que el 5% (128) pertenecía a un pueblo originario y el 3% (76) se encontraba en una situación de presunción de trata.