Una familia presentó un reclamo administrativo. El monto supera los seis millones de pesos. Alegan falta de respaldo legal en la sanción.
Una familia de la ciudad de Santa Fe presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Seguridad provincial luego de recibir una notificación que les exige el pago de más de 6.200.000 pesos por un operativo desplegado a raíz de una falsa amenaza en un establecimiento educativo.
La medida administrativa fue aplicada a los padres de un adolescente de 13 años señalado como autor del hecho, lo que derivó en la intervención preventiva de fuerzas de seguridad en la escuela.
El abogado que representa a la familia sostuvo que ya se realizó una presentación por mesa de entrada cuestionando la legalidad del procedimiento y el monto exigido. Según plantean, la resolución no contaría con el sustento jurídico necesario para su aplicación directa.
Desde la defensa se argumenta que el hecho no encuadraría en una figura penal de amenaza, sino en otro tipo de conducta vinculada a la intimidación, y que además se trataría de una situación originada en un contexto escolar sin consecuencias materiales.
También se objeta que el Estado pueda fijar y cobrar el costo de un operativo sin intervención judicial previa, señalando que cualquier resarcimiento debería ser determinado por un tribunal competente que evalúe el daño real.
El planteo sostiene que la decisión administrativa vulneraría principios de legalidad al no estar respaldada por una norma de jerarquía suficiente para imponer ese tipo de sanción económica de manera directa.
