Tras años de disputa judicial, default e intentos de expropiación, la histórica cerealera santafesina Grassi se convirtió en la nueva dueña de Vicentin, una de las agroexportadoras más grandes del país. La decisión fue tomada por el juez Fabián Lorenzini, en lo que marca el cierre de un proceso clave para el sector agroindustrial argentino.
La agroexportadora Vicentin, la misma que en 2020 el entonces presidente Alberto Fernández intentó expropiar, finalmente tiene nuevo dueño. El juez Fabián Lorenzini, de Reconquista, Santa Fe, resolvió que la cerealera Grassi se quede con el control de la firma, luego de un extenso proceso de cramdown, una instancia de salvataje previo a la quiebra.
La decisión judicial llega después de más de cinco años de incertidumbre, durante los cuales la empresa —que llegó a facturar USD 4.300 millones anuales— enfrentó acusaciones, reclamos de acreedores y una crisis financiera que golpeó de lleno a productores y cooperativas del interior.
“Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va”, aseguró el titular de Grassi tras conocerse el fallo.
Según el dictamen, Grassi SA fue la primera en comunicar la obtención de las conformidades suficientes para aprobar el acuerdo preventivo. En competencia quedaron también Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC), que buscaban quedarse con la compañía mediante una oferta conjunta.
La propuesta de Grassi incluyó un ambicioso esquema de pago para acreedores, con la conversión de los créditos a dólares al tipo de cambio de $60,78, vigente al inicio del concurso. Además, ofreció entregas de soja a diez años, un sobreprecio de USD 10 por tonelada, y recuperos de hasta el 200% del crédito original, junto con anticipos en efectivo para los productores más afectados.
La definición sobre el futuro de Vicentin marca el final de una trama compleja, en la que se mezclaron intereses políticos, empresariales y judiciales. La empresa había ingresado en concurso de acreedores a fines de 2019 con pasivos superiores a los USD 1.400 millones, lo que provocó una de las mayores crisis de confianza del sector agroexportador argentino.
Durante la pandemia, el intento de expropiación por parte del Gobierno de Fernández desató una ola de protestas y expuso el delicado equilibrio entre el Estado y el sector privado. Desde entonces, la disputa por el control de la firma se convirtió en un símbolo del debate sobre la propiedad, la deuda y el rol del Estado en la economía.
El proceso del cramdown estuvo plagado de acusaciones cruzadas entre Grassi y el consorcio Molinos-LDC. Estos últimos impugnaron los avales de la firma santafesina y denunciaron supuestos autovotos y vínculos con fondos internacionales, mientras que Grassi defendió la legitimidad de sus apoyos y su trayectoria como empresa nacional.
Finalmente, el juez Lorenzini resolvió a favor de Grassi, reconociendo su cumplimiento de las mayorías requeridas y dando luz verde a la toma de control de Vicentin. La decisión aún puede ser impugnada en los próximos cinco días, aunque en el sector dan por hecho el traspaso.
Con el nuevo panorama, la compañía buscará reactivar sus plantas, garantizar la continuidad de los mil empleos directos y recomponer la relación con los productores.
“Este es el cierre de una etapa y el comienzo de otra. Queremos devolverle estabilidad al campo y previsibilidad a la cadena agroexportadora”, expresó un vocero del grupo.
La causa penal por presunto fraude de exdirectivos de Vicentin sigue abierta, al igual que los procesos secundarios por deudas y activos. Sin embargo, el fallo de Lorenzini abre una puerta a la recuperación de una de las marcas más emblemáticas del agro argentino.
Más allá de los números, el caso Vicentin dejó una huella profunda en la economía y la política nacional. La resolución a favor de Grassi no solo redefine el mapa empresarial del sector, sino que también envía un mensaje al sistema financiero y a los productores: la continuidad productiva puede prevalecer sobre la especulación.
