Helicópteros, blindados y drones tomaron este martes las favelas de Alemão y Penha en una de las mayores operaciones policiales de los últimos años en Río de Janeiro. El saldo: 64 muertos, más de 80 detenidos y denuncias por el alto costo humano del combate al narcotráfico.
Río de Janeiro amaneció bajo fuego. Desde las primeras horas del martes, helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, al norte de la ciudad, en una ofensiva masiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El saldo fue estremecedor: 64 muertos —entre ellos cuatro agentes— y 81 detenidos.
La operación, que movilizó a unos 2.500 efectivos, comenzó antes del amanecer con bloqueos en autopistas y avenidas clave. Los helicópteros habían sobrevolado la zona desde la noche anterior, mientras los vehículos blindados abrían paso entre barricadas de neumáticos ardiendo. Drones de reconocimiento y ataque guiaron a las tropas por el laberinto de callejones donde se libra desde hace décadas una guerra urbana.
El objetivo principal era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, considerado jefe regional del Comando Vermelho en Penha. Nacido en Paraíba en 1970, acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, narcotráfico y asociación criminal. Según la fiscalía, Doca coordina el tráfico en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão, y estaría detrás de recientes ataques a comisarías. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales —unos 17.500 dólares— por información que permita su captura.
El Comando Vermelho, surgido en 1979 en una cárcel carioca, se expandió hasta convertirse en una red criminal de alcance nacional, con estructuras jerarquizadas y control territorial en barrios donde el Estado apenas tiene presencia. Además del narcotráfico, la organización controla servicios básicos, impone normas locales y financia una red de lavado de dinero.
Para la fiscalía, los complejos de Penha y Alemão son “puntos estratégicos” para el flujo de armas y drogas hacia Río. El gobernador Cláudio Castro calificó la acción como una “guerra” y advirtió que el Estado está “solo en este enfrentamiento”. Según denunció, el narcotráfico cuenta con armamento proveniente de redes internacionales, y las Fuerzas Armadas habrían rechazado tres pedidos de apoyo con blindados.
Expertos en seguridad, como el analista Dalby, advirtieron que “Doca” representa una amenaza real para el Estado: “Está vinculado a más de un centenar de homicidios, incluidos civiles y menores. El Comando Vermelho ya actúa con lógica paramilitar, controla servicios y ejerce poder sobre la población”.
La ofensiva dejó una estela de miedo entre los habitantes de las favelas. Más de 200.000 personas quedaron afectadas por la suspensión de servicios públicos; 45 escuelas cerraron y doce líneas de colectivos debieron cambiar su recorrido. Las calles quedaron vacías, los comercios cerrados y los disparos se oían durante todo el día.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el costo civil de la operación. Human Rights Watch recordó que un proyecto de ley recientemente aprobado en Río prevé incentivos económicos para policías que abatan sospechosos, lo que “crea un incentivo financiero para disparar en lugar de arrestar”.
Entre la lucha contra el crimen y la vulneración de derechos, Río de Janeiro vuelve a ser escenario de un conflicto que no termina: una guerra interna donde la línea entre seguridad y violencia se desdibuja cada vez más.
