La iniciativa obtuvo respaldo unánime en la Cámara Alta. Propone cambios en la organización y funciones de los gobiernos locales. El texto será debatido ahora en Diputados.
La Cámara de Senadores de Santa Fe dio media sanción al proyecto que establece un nuevo marco legal para el funcionamiento de los municipios de la provincia, reemplazando una normativa vigente desde 1956.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 18 votos afirmativos, tras un proceso de negociaciones entre el bloque oficialista de Unidos y el Partido Justicialista. El texto ahora será tratado por la Cámara de Diputados, donde se espera su debate en las próximas semanas.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la actualización de la estructura institucional de las ciudades, incorporando criterios más modernos para su organización administrativa y política.
Entre los cambios más relevantes se establece una nueva escala poblacional para determinar la cantidad de concejales en cada localidad, con categorías que van desde municipios de 3.000 habitantes hasta grandes centros urbanos de más de 120.000, que contarán con un régimen especial.
La propuesta también incorpora competencias que actualmente los municipios ya ejercen en la práctica, como la participación en políticas de seguridad ciudadana, desarrollo productivo, protección de consumidores, conectividad y programas de género.
Además, la normativa formaliza la posibilidad de que los gobiernos locales establezcan convenios entre sí, con el Estado nacional y con organismos internacionales, dentro de un esquema de regionalización.
Durante el debate, el senador Rodrigo Borla destacó que el proyecto busca adaptar el funcionamiento de los municipios a las demandas actuales. Señaló que la reforma modifica una legislación con más de seis décadas de vigencia para adecuarla a los desafíos contemporáneos.
El texto aprobado no incluye la figura del viceintendente, una propuesta impulsada desde algunos sectores que finalmente no fue incorporada en la redacción final.
En la Cámara de Diputados el proyecto podría encontrar algunas objeciones, especialmente en torno al financiamiento y a la discusión sobre el porcentaje de coparticipación que recibirían las ciudades para afrontar nuevas responsabilidades.
Si obtiene sanción definitiva, la nueva legislación marcará un cambio significativo en la organización de los gobiernos locales de la provincia.
