En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implica que queda firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
Ahora el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) deberá resolver sobre las condiciones de detención de la ex mandataria y de los otros ocho condenados, entre ellos Lázaro Báez y José López. Es muy probable que en el caso de Cristina Kirchner, el TOF 2 resuelva concederle el beneficio del arresto domiciliario por contar con más de 70 años. Además, no podrá participar de las elecciones legislativas donde planeaba competir por una banca provincial. Esto convierte el caso en el hecho de mayor impacto en el escenario político y judicial actual del país.
Qué definieron los jueces
El folio con 35 hojas, firmado por los tres jueces de la Corte Suprema, cerró con la conclusión de que «la prueba reunida a lo largo de este proceso penal nos presenta una imagen esclarecida de determinadas acciones singulares de Cristina Fernández de Kirchner dentro del plan defraudatorio único, penalmente relevantes por su adecuación típica en orden al delito de administración fraudulenta agravada».
Además, los magistrados indicaron que «la política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”.
Dentro del fallo de más de 1600 páginas, la Sala IV de Casación confirmó las condenas a los demás funcionarios nacionales y de las agencias viales involucradas en la causa.. Por ello, las demás condenas fueron para Báez (6 años de prisión), José López (ex secretario de Obras Públicas, 6 años), Nelson Periotti (ex titular de Dirección Nacional de Vialidad, 6 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
De la misma manera, la audiencia pública que se hizo en los tribunales de Comodoro Py se anunció las absoluciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; de Héctor Garro, ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz; y de Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal, por prescipción.
Los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña fueron quienes confirmaron la condena de la ex presidenta, mientras que Gustavo Hornos votó por sumarle el delito de asociación ilícita como había pedido la Fiscalía. Los mismos sostuvieron que “se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas” durante su resolución.
La causa juzgó los hechos remitidos a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, durante el período de 2003-2015.
Durante el mencionado período, las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas a Báez, también condenado en la causa. A través de esta asignación de obras públicas viales, el grupo empresarial obtuvo un crecimiento económico exponencial.
La Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) contaron con funcionarios que convalidaron irregularidades en el desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras, por lo que fueron involucrados y condenados Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. José Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas, fue también responsabilizado con los mismos actos.
En tanto, se demostró que desde el Poder Ejecutivo Nacional realizaron maniobras con la finalidad de concretar el circuito de irregularidades. Allí es donde señalaron la suscripción de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de la Nación en aquel momento, del Decreto PEN 54/09, el cual fue intervenido por López. El mencionado decreto permitió financiar directamente las obras viales que se le adjudicaron a Báez. Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
