El Gobierno de Santa Fe implementó un nuevo esquema operativo en causas por microtráfico de drogas que permite acelerar peritajes, descomprimir depósitos judiciales y optimizar recursos en las investigaciones. La iniciativa, desarrollada por el Ministerio de Justicia y Seguridad en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), incluye la creación de dos secciones de muestreo de estupefacientes, ubicadas en sedes de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario y Recreo, y la reestructuración del Laboratorio Químico Forense (LQF) del Organismo de Investigaciones.
El subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Marcelo Albornoz, explicó que “el muestreo de material estupefaciente ahora se realiza directamente en la División Microtráfico de la PDI, bajo protocolos aprobados por el MPA”. Según dijo, este cambio “agiliza los tiempos que antes demandaban enviar los secuestros completos a laboratorios federales, permitiendo además optimizar recursos logísticos y operativos”.
Las nuevas secciones de muestreo tienen a su cargo la recepción, control y extracción de muestras y contramuestras de las sustancias incautadas. Todo el procedimiento se realiza conforme a estándares internacionales definidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y se encuadra en un protocolo de actuación aprobado por resolución de la fiscal general María Cecilia Vranicich, elaborado junto al equipo fiscal de Microtráfico del MPA.
Procedimiento
El diseño y puesta en marcha de este modelo fue posible a partir del trabajo conjunto entre el personal técnico del Laboratorio Químico Forense y los equipos operativos de la PDI. Ambas áreas definieron la metodología, los requerimientos edilicios, los insumos necesarios y capacitaron al personal designado para esta tarea.
“Con esta primera instancia a cargo de la PDI, se simplifica el proceso y se optimiza la intervención de los laboratorios forenses, que ahora se concentran exclusivamente en la etapa técnico-analítica”, explicó Víctor Moloeznik, director del Organismo de Investigaciones. Y añadió: “Una vez realizado el muestreo, las muestras seleccionadas se remiten al Laboratorio Químico Forense para su análisis confirmatorio, interpretación de resultados y elaboración del informe pericial”.
Según Albornoz, “el material se reduce a una cantidad suficiente para el análisis”, ya que se extrae un número determinado de muestras representativas de cada secuestro. “Estas son enviadas al laboratorio del MPA para su análisis, mientras que las contramuestras -cuando pueden recolectarse- se preservan para eventuales pedidos de la defensa o la querella”, indicó. El resto del material queda bajo resguardo judicial en depósitos de la sección Microtráfico de la PDI, hasta que se autorice su destrucción.
Un laboratorio clave para la justicia
El Laboratorio Químico Forense del MPA, con sedes en Rosario y Santa Fe, es el responsable del procesamiento técnico de las muestras. Aunque no se incrementaron los recursos operativos, se reorganizaron internamente las áreas para afrontar el nuevo esquema de trabajo sin afectar la calidad pericial.
Moloeznik advirtió que las técnicas analíticas que se aplican requieren validación metodológica, equipamiento específico y personal altamente calificado. “La pureza de estas muestras suele ser baja, por lo que los procedimientos deben realizarse con rigor técnico y bajo estrictos estándares de calidad para garantizar resultados sólidos y judicialmente válidos”, afirmó.
Actualmente, el laboratorio realiza análisis confirmatorios para cocaína (COC), tetrahidrocannabinol (THC) y ketamina (KET), y pruebas presuntivas para dietilamida del ácido lisérgico (LSD), dimetiltriptamina (DMT), metilendioxi-anfetamina (MDA), metilendioximetanfetamina (MDMA), efedrina y pseudoefedrina.
“El principal objetivo es ampliar estas capacidades mediante la incorporación de nuevo personal técnico, con el propósito de avanzar hacia la identificación confirmatoria de otras sustancias, especialmente de las Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP)”, señaló el director. En ese sentido, sostuvo que este tipo de drogas “plantea un desafío creciente tanto para la justicia como para la salud pública, por su diversidad, potencia y capacidad de evasión del control estatal”.
Con la implementación de este nuevo sistema, la Provincia de Santa Fe apuesta a mejorar los tiempos de respuesta en causas por narcomenudeo, mantener estándares periciales de calidad y reforzar la articulación entre las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia penal.
