El ataque ocurrió el lunes en la Escuela Mariano Moreno, donde un joven de 14 años asesinó a Ian Cabrera, de 13, e hirió a otros estudiantes. Aunque fue señalado como autor del homicidio, no puede ser juzgado por la ley vigente.
La Justicia dispuso este viernes una serie de medidas confidenciales para realizar un seguimiento especial sobre Gino C., el adolescente señalado como autor del ataque armado en la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, que terminó con la vida de Ian Cabrera.
La resolución se tomó en el marco de una audiencia en la que el joven fue imputado formalmente por el homicidio, pero luego sobreseído. La decisión judicial se fundamenta en que, si bien una nueva normativa establece la punibilidad desde los 14 años, la misma aún no fue implementada, por lo que sigue vigente el régimen anterior que fija la edad mínima en 16.
La atribución del hecho fue realizada por los fiscales Luis Schiappa Pietra, Carina Gerbaldo, Mauricio Espinoza y el fiscal regional Carlos Vottero, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación.
La audiencia fue encabezada por el juez José Alberto Boaglio, mientras que el adolescente y su defensa participaron de manera remota vía Zoom desde la ciudad de Santa Fe.
Tras el encuentro, los fiscales evitaron dar detalles sobre las medidas adoptadas, al tratarse de disposiciones confidenciales. No obstante, indicaron que se trata de acciones contempladas en el Código para la protección tanto del propio joven como de terceros.
“El código prevé medidas de protección personal y de terceros y ese fue el tenor de la medida”, explicó el fiscal Espinoza, quien además detalló que la resolución surgió de un trabajo conjunto entre la Fiscalía y organismos de Niñez, junto a otras áreas del Poder Ejecutivo.
Por último, el representante del MPA cuestionó la ausencia del imputado en la sala de audiencias. “Lamento mucho como fiscal la no presencia en la sala del autor”, expresó.
El caso continúa generando fuerte conmoción en San Cristóbal, mientras persisten los reclamos de la comunidad por cambios en la legislación vigente en materia de responsabilidad penal juvenil.
