El gobierno santafesino sigue de cerca el próximo fallo del juez de Cámara Sebastián Creus, quien debe resolver si revoca o confirma la polémica decisión del juez Pablo Spekuljak que ordenó liberar más de USD 1,3 millones en criptomonedas vinculadas a una red de apuestas clandestinas.
La causa investiga el funcionamiento de 385 sitios web de apuestas ilegales con base en Santa Fe, con siete imputados (cinco argentinos y dos brasileños). La resolución inicial que permitió la liberación de estos fondos a cambio de una caución de apenas USD 70.000 generó fuertes críticas desde el poder ejecutivo provincial.
El vicepresidente de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, junto al ministro de Gobierno Fabián Bastía, lideraron las objeciones al fallo, mientras el fiscal de Estado Domingo Rondina solicitó la constitución de la provincia como querellante.
La controversia llegó a la Legislatura, donde el diputado Marcos Corach presentó un proyecto para que la Corte Suprema provincial se pronuncie sobre el caso.
La decisión de Creus será determinante, ya que de confirmarse el fallo original, los fondos quedarían fuera del alcance de un eventual decomiso incluso si se confirma la condena a los imputados. El caso pone a prueba la respuesta del sistema judicial santafesino ante el creciente fenómeno del juego ilegal digital, que moviliza importantes sumas de dinero fuera de los circuitos regulados.
Mientras tanto, las pruebas acumuladas en la causa incluyen alias bancarios vinculados a apuestas, anotaciones que mencionan «Gamming = Riesgo Penal» y flujos financieros compatibles con actividades ilícitas, elementos que según la fiscalía justificaban mantener el bloqueo de los criptoactivos. La resolución definitiva marcará un precedente importante para el tratamiento judicial de este tipo de delitos económicos en la provincia.
