Jorge Fernández, del Ministerio de Seguridad, explicó que se está evaluando, a dos meses del decreto, el impacto de la medida, y que se observa un «descenso significativo de los delitos cometidos con motovehículos del 34%». Esto surge de una comparación entre las ocho semanas anteriores al decreto y las ocho posteriores.
La URI retuvo hasta ayer 722 motovehiculos. A estos hay que sumarles los retenidos por otras policías como la PAT y la Comunitaria, lo que elevaría la cifra entre 900 y 950.
A esto también hay que sumarte 366 motos más en otros operativos policiales y si se les suma la de los operativos en conjunto con la Municipalidad de Santa Fe y Santo Tomé, hacen a un total de 2.500 en estos dos meses.
De estas motos retenidas, el 35% fueron devueltas a sus dueños pero hay un 65% que no fueron retiradas, «lo que es un número importante. El corralón está lleno de motos y están abriendo un nuevo depósito».
Sobre las faltas que derivan en la retención de las motos, la principal es la falta de documentación, después la patente y en tercer lugar la falta de casco y seguro.
