Se ordenó la libertad de 17 detenidos tras los incidentes en el Congreso

La jueza federal María Servini de Cubría ordenó la liberación de 17 personas detenidas durante los disturbios en las inmediaciones del Congreso Nacional en protesta contra la Ley Bases. La jueza fundamentó su decisión en la “falta de mérito” para mantener a estas personas bajo arresto. Sin embargo, denegó la excarcelación de otros 16 detenidos debido a la evidencia fílmica y fotográfica que los implica en los desmanes ocurridos el pasado miércoles.


Entre los detenidos que no obtuvieron la libertad se encuentra Cristian Fernando Valiente, quien fue arrestado con una granada de mano en su posesión.

La jueza Servini había interrogado a todos los arrestados y los acusó de atentar contra el orden constitucional. Aceptó la calificación propuesta por el fiscal Carlos Stornelli, quien imputó a los detenidos por delitos que van desde “lesiones” hasta “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”.


La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia ante el juzgado de Servini, calificando los hechos como “un ataque contra el ejercicio democrático”. Villarruel, quien tuvo que desempatar para la aprobación de la Ley Bases el día de los disturbios, se constituyó como querellante y culpó a sectores vinculados al kirchnerismo de intentar interrumpir la sesión.

El legislador porteño Yamil Santoro también presentó una denuncia contra los implicados, acusándolos de “terrorismo”. En su escrito, Santoro detalló delitos como lesiones, daños para impedir el ejercicio de la autoridad, tenencia de armas, y atentado y resistencia a la autoridad, todos agravados por terrorismo.

Costos del Operativo de Seguridad


El Ministerio de Seguridad de la Nación remitió al fiscal Carlos Stornelli un informe detallado sobre los gastos del operativo de seguridad realizado durante la manifestación. El informe, supervisado por la jueza Servini, desglosa los costos incurridos por la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, alcanzando una suma de más de 130 millones de pesos.

El comisario Gustavo Hernán Oviedo explicó que los gastos incluyen el consumo de combustible, seguros y mantenimiento de los móviles policiales. Además, se contabilizaron los costos del acampe en la Plaza de los Dos Congresos el día anterior al tratamiento de la Ley Bases.

El Ministerio de Seguridad informó que esta cifra podría aumentar con los gastos relacionados con la atención médica de los agentes heridos durante los enfrentamientos con los manifestantes.

Además, el Ministerio de Seguridad solicitará que los manifestantes detenidos paguen los costos de todo lo ocurrido.