La Justicia estadounidense ratificó el viernes la sentencia relacionada con la expropiación de YPF, lo que obligaría a Argentina a realizar un importante pago al fondo de inversión Burford.
La jueza de Nueva York, Loretta Preska, determinó que Argentina deberá desembolsar la suma de US$16.099 millones debido a la expropiación que fue impulsada por Cristina Kirchner, en ese momento presidenta, y su ministro de Economía, Axel Kicillof.
Esta situación se originó a raíz del anuncio realizado por el gobierno argentino el 16 de abril de 2012, en el cual se decidió expropiar el 51% de las acciones de YPF que pertenecían a la compañía española Repsol. A partir de este suceso, se sucedieron una serie de acontecimientos que condujeron a esta resolución.
La actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, acusó a los fondos buitres de intentar influenciar a los jueces a través de sobornos para obtener fallos favorables a sus intereses.
Una semana después de revelar su dictamen inicial, la jueza Preska ha emitido la sentencia final en el caso de la expropiación de YPF. Esta sentencia obliga a Argentina a pagar un poco más de 16.000 millones de dólares al fondo Burford debido a la expropiación considerada inapropiada de las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi.
Argentina había aspirado a pagar una suma no superior a los 5.000 millones de dólares. La discrepancia entre la cantidad otorgada en la sentencia y la demanda argentina radicaba en el cálculo de intereses, basado en la fecha en que los funcionarios intervinieron en YPF y la fecha en que se aprobó la expropiación por ley del Congreso.
Argentina reafirmó su compromiso de cooperar de buena fe con las solicitudes de la justicia estadounidense en relación con el cálculo del monto de la sentencia por la nacionalización de YPF, al tiempo que reiteró su intención de presentar una apelación contra la sentencia final en el caso.
La defensa del Estado argentino, a cargo del bufete de abogados Sullivan & Cromwell, dejó claro en una carta dirigida a la jueza Preska que «La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación». La defensa tiene un plazo de 30 días para presentar la apelación de manera formal.
Esta carta es, en realidad, una respuesta a una comunicación enviada por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del bufete Kellogg, Hansen y Asociados, quienes acusaron a Argentina de negarse «de mala fe» a colaborar con los demandantes en la preparación de una presentación conjunta, según indicó el abogado litigante Dereck Ho.
