En el marco de una ola de amenazas que afecta a toda la provincia, durante el fin de semana se viralizaron en la Escuela N° 1277 de la ciudad de Recreo mensajes que generaron preocupación en la comunidad educativa. Ante este escenario, directivos de la escuela dialogaron con padres al inicio de la jornada escolar para explicando como se trabajará ante esta situación.
Llevaron tranquilidad, informando que ya se encuentran en ejecución los protocolos de seguridad correspondientes para estos casos.
Un fenómeno provincial: 65 casos en un solo día
El episodio ocurrido en Recreo no es un hecho aislado. El Gobierno de Santa Fe brindó este lunes una conferencia de prensa donde confirmó que, solo el viernes pasado, se registraron 65 incidencias de amenazas en escuelas de todo el territorio santafesino, muchas de ellas vinculadas a «desafíos virales» que simulan tiroteos o ataques.
Las autoridades fueron tajantes: “No se trata de una broma, se trata de un delito”, sentenciaron los ministros de Educación, José Goity, y de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Consecuencias legales y millonarias multas
El ministro Cococcioni advirtió que el Estado Provincial irá a fondo contra los responsables. Estos son los puntos clave de la respuesta gubernamental:
- Acciones legales: Las amenazas constituyen el delito de intimidación pública, tipificado en el Código Penal con penas de prisión. Incluso si los autores son menores no punibles, las actuaciones generan antecedentes que podrían impedirles obtener certificados de buena conducta o viajar al exterior en el futuro.
- Sanciones económicas: Cada operativo de seguridad ante una amenaza tiene un costo de entre $5 y $6 millones. Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, la Provincia iniciará acciones judiciales para que los responsables (o sus padres) paguen estos costos.
- Intervención de dispositivos: En coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se realizan procedimientos que incluyen el secuestro de celulares y dispositivos electrónicos.
El llamado a las familias
Por su parte, el ministro José Goity instó a las familias a reforzar el diálogo en el hogar y a los docentes a abordar el tema en el aula como una falta gravísima en los acuerdos de convivencia.
“Necesitamos una alianza entre la escuela, las familias y el Estado para frenar estas conductas que alteran el funcionamiento normal de las clases y generan una angustia innecesaria en toda la sociedad”, concluyó el funcionario.
