Boleta de la EPE: la tarifa para usuarios residenciales rondaría los $15.000 por mes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) ha propuesto una actualización tarifaria significativa del 83,5%, lo que podría resultar en un aumento considerable en las facturas de electricidad para los usuarios residenciales en la provincia de Santa Fe.

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Durante una audiencia pública virtual, Marcelo Cassin, gerente ejecutivo de Gestión Técnica de la EPE, argumentó la necesidad de este incremento para “ajustar el valor agregado de distribución y garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico”.

Según las estimaciones proporcionadas por Cassin, el impacto de este aumento tarifario sería considerable para diferentes categorías de usuarios. Por ejemplo, un usuario residencial de altos ingresos podría ver un aumento mensual de $7,877, pasando de pagar $24,549 en enero a $40,304 en marzo.

Similarmente, los usuarios de ingresos bajos y medios también enfrentarían aumentos significativos en sus facturas de electricidad.

Es importante destacar que este aumento tarifario afectaría tanto a los usuarios residenciales como a los comercios e industrias, con incrementos considerables en sus facturas eléctricas. La propuesta de la EPE incluye una actualización bimestral de las tarifas, basada en un índice vinculado a la variación de los índices salarial y de precios mayoristas.

Cassin enfatizó que “esta medida es necesaria para asegurar un flujo de fondos que permita cumplir con las obligaciones financieras de la empresa, incluyendo el pago de contratistas y la renovación de la infraestructura eléctrica”.

La fórmula de actualización propuesta tiene en cuenta el costo salarial y el costo de materiales, basándose en datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Si bien este aumento tarifario es significativo, Cassin aseguró que “se aplicará de manera gradual y que se ajustará en función de la inflación y otros factores económicos”. La propuesta está programada para entrar en vigor a partir del 1 de marzo, con revisiones posteriores para garantizar su adecuación a las condiciones económicas cambiantes.