Crecen las denuncias por mensajes intimidatorios. Autoridades recuerdan pautas vigentes. Buscan actuar con rapidez y prevenir hechos graves.
A más de dos semanas de la tragedia ocurrida en San Cristóbal, vuelven a encenderse las alertas en distintas instituciones educativas del país tras la aparición de amenazas de posibles ataques. En Santa Fe, el Ministerio de Educación reiteró que continúa vigente el protocolo de actuación implementado en diciembre de 2023 para responder ante este tipo de situaciones.
Uno de los episodios recientes tuvo lugar en la localidad de Pérez, donde la comunidad educativa de la escuela Nuestra Señora del Luján quedó en estado de conmoción. Según trascendió, docentes detectaron que un estudiante habría manifestado intenciones de agredir a sus compañeros, información que luego fue respaldada por testimonios de otros alumnos.
Casos similares se replicaron en otras provincias, con mensajes escritos en paredes y pizarrones que advertían sobre supuestos tiroteos. Frente a este escenario, las instituciones activaron medidas preventivas y dieron intervención a las autoridades correspondientes.
El protocolo establece que, ante la sospecha o confirmación de un hecho delictivo, la dirección escolar debe comunicarse de inmediato con el 911 para solicitar la intervención policial. Además, debe confeccionar un acta detallada con información sobre lo ocurrido, posibles daños, testigos y datos relevantes para la investigación.
En caso de que la policía no se presente, el documento debe ser remitido a la autoridad judicial competente, mientras que dentro de la primera hora también debe enviarse a la Delegación Regional correspondiente. El objetivo es garantizar una respuesta rápida, ordenada y coordinada entre las instituciones educativas y los organismos de seguridad.
Las autoridades remarcan la importancia de seguir estos pasos para evitar situaciones de riesgo y actuar de manera preventiva ante cualquier amenaza que pueda afectar la seguridad escolar.
